La Procuraduría Fiscal denuncia al exrector de la UNAM Enrique Graue por defraudación
La querella fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República por el impago de 300.000 pesos del impuesto sobre la renta
Por: Almudena Barragán
La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el rector de la UNAM Enrique Graue por una supuesta defraudación fiscal de 308.135 pesos, por impago del impuesto sobre la renta (ISR) en 2018. La PFF es la encargada de denunciar los delitos en materia penal fiscal ante una supuesta defraudación a la Hacienda pública.
Es la primera vez que la Fiscalía investigará a un rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, de acuerdo a lo publicado por el diario Reforma. La denuncia señala la existencia de un posible delito de defraudación fiscal en contra de la Hacienda pública. La querella ante la Procuraduría Fiscal ha sido presentada ante la autoridad de manera anónima y no a través de una auditoría o procedimiento de comprobación fiscal, como suele suceder.
Durante el año fiscal de 2018 el exrector declaró ingresos por 7,2 millones de pesos, cuando sus ingresos en realidad fueron de 8,1 millones, de acuerdo a la denuncia. Por aquel entonces todavía era rector de la universidad. “Este monto es un monto relativamente pequeño”, apunta Marco Antonio Mendoza, abogado especialista en materia fiscal y parte de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). “Generalmente no se inicia un proceso a un contribuyente por este monto”, agrega el especialista.
Los delitos fiscales son delitos económicos que consisten en defraudar a la Hacienda pública a través del impago de tributos, explica el experto. De ser encontrado culpable, el exrector podría enfrentarse a una pena de tres meses a dos años de prisión, aunque Mendoza considera poco probable que llegara a ingresar a prisión al tratarse de una cantidad menor a 1,7 millones de pesos. “Es una pena mínima que en muchos casos pudiera encontrar una posible suspensión condicional del proceso”, comenta el abogado. “En todo caso se podría reparar el daño con el pago de una multa más recargos y solicitar la suspensión del proceso sin dictarse sentencia condenatoria”, agrega Mendoza.
En México, la defraudación fiscal se sanciona con esta pena si el monto de lo defraudado no excede los dos millones de pesos. Si la cifra es mayor a dos millones, las penas están comprendidas entre tres a cinco años de cárcel. El especialista explica que ve improbable la prisión preventiva justificada porque en este tipo de delitos la ley establece que si se pagan las cantidades defraudadas se puede solicitar a la autoridad hacendaria que no continúe con el procedimiento.
Pese a todo, el abogado señala que queda muy poco tiempo para la investigación ya que la propia ley hacendaria da un plazo de cinco años para presentar la denuncia, así que cabe la posibilidad de que no se ejerza ninguna acción contra el exrector. “Si dicha declaración se presentó en 2019 cabría la posibilidad de la preclusión del caso y de perder el derecho a presentar dicha querella”, agrega Mendoza.
Médico oftalmólogo y académico de carrera, Graue fue rector de la UNAM desde 2015 hasta el año pasado y fue sustituido por Leonardo Lomelí en noviembre de 2023. Su último año de gestión estuvo marcado por una tensa relación con el Poder Ejecutivo y las críticas del presidente López Obrador que acusó a la universidad de “derechizarse” durante su gestión. Sus defensores reconocen su talante sereno y su defensa a ultranza de la autonomía de la máxima Casa de Estudios.
El abogado explica que la diferencia entre cantidades podría tratarse desde un error numérico a un error de no considerar ciertos ingresos. “La causa puede ser desde una omisión simple involuntaria a una deliberada”, comenta. “Habría que saber de dónde salen esos ingresos o si quizá existieron algunos montos adicionales no declarados, hasta el momento todo es una especulación porque conocemos muy poco del caso”, apunta Mendoza.
Graue ha sido miembro y representante del sector educativo en diversas juntas de Gobierno de los Institutos Nacionales de Salud. También formó parte del Consejo de Salubridad General y fue titular del Consejo Consultivo de Salud de la capital. Actualmente es parte del patronato del Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana. También fue presidente de la Academia Nacional de Medicina, entre 2015 y 2016, y fue asesor internacional del Comité de Investigación del Instituto Nacional del Ojo en Estados Unidos, en 2006.
Fuente: El País
