Investigan por lavado, enriquecimiento y evasión a 19 familiares y socios de las familias Peña Nieto y Peña Del Mazo

Avanzan las investigaciones en la FGR contra el expresidente Enrique Peña Nieto y 18 personas más –la mayoría familiares cercanos, como exparejas, padres, hermanos, tíos y sobrinos, pero también contra sus socios–, por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos. En las indagatorias se pone atención a las operaciones de las empresas Plasti-Esteril, SA de CV; Desarrolladora Homex, SAB de CV; Impulsora Agrícola La Laguna, SPR de RL; y Expectras, SA de CV. Y se apunta el presunto traslado de dinero público –vía contrataciones multimillonarias– a las personas morales, así como transferencias presuntamente ilícitas de esas compañías a las personas físicas, incluido el priísta que gobernó el país entre 2013 y 2018

Por: Miguel Badillo

Sin embargo, dicha empresa supuestamente fue vendida un año después de ser fundada, 1992, a la empresa Esquisflex, la cual en 1997 fue absorbida por la transnacional farmacéutica Baxter International, Inc., y lo relevante de las investigaciones oficiales que revelan las triangulaciones de dinero, acciones y derechos, es que después de que Peña Nieto asumió la Presidencia de la República en 2012, el corporativo Baxter recibió múltiples contratos del gobierno federal por más de 10 mil 500 millones de pesos, principalmente de instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), hospitales dependientes de la Secretaría de Salud, de Pemex, de la Defensa y de otras dependencias.

Consultado por Contralínea sobre estas carpetas de investigación abiertas en su contra y de las acusaciones que involucran a su familia, el expresidente Peña Nieto respondió –por conducto de una persona cercana a él–: “no me han dejado ofrecer una sola prueba o documentación en mi defensa ante las imputaciones que me hacen por delitos de lavado de dinero, enriquecimiento y evasión fiscal”, cuyo expediente penal se integra en tres gruesas carpetas abiertas en la FGR, previas denuncias presentadas por la UIF.

Desde su refugio en España, a donde se mudó para evitar cualquier confrontación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y, principalmente, para ponerse a salvo de los procesos penales en su contra, el exmandatario priísta y representante de lo que queda del Grupo Atlacomulco, informó que sus abogados han acudido a la Fiscalía para presentar documentos que prueban que todos los bienes que posee son lícitos; sin embargo, se queja de que no le han permitido actuar legalmente para defenderse.

En redes sociales, Peña Nieto escribió en julio de 2022, cuando supo de las acusaciones penales en su contra: “En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia”.

Años antes, en junio de 2019, cuando apenas tenía unos meses de haber dejado la Presidencia de la República, Peña escribió en la red social de Twitter: “Rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas esta mañana en distintos medios y atribuidas a un supuesto informante. No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten.”

Cinco años después de aquel mensaje desesperado de Peña por deslindarse de los señalamientos de corrupción, la situación legal del exmandatario priísta se ve complicada al grado de que podría ser el primer expresidente de la República del periodo neoliberal (los últimos 40 años) que se siente en el banquillo de los acusados y enfrente a la justicia por los procesos penales abiertos por tres delitos graves, y de aquella confianza que decía tener sobre las autoridades judiciales, ahora se queja de que no lo dejan defenderse legalmente.

La FGR ha informado que desarrolla los procedimientos de investigación en tres carpetas por delitos federales contra el expresidente Peña Nieto: “el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral como patrimoniales. En esta investigación, los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”.

En la segunda carpeta, refirió que se trata de denuncias presentadas por autoridades hacendarias relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

La Fiscalía precisó: “se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”.

Presidida por el doctor Alejandro Gertz Manero, la FGR explicó que “existe también una (tercera) carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia”.

Añadió que “conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”.

En la ruta del dinero, el expediente de la UIF detalla que por medio de transferencias internacionales, Enrique Peña recibió 26.1 millones de pesos de la siguiente manera: el 21de agosto de 2019, 16 millones ocho pesos con 20 centavos; el 20 de octubre de 2021, 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos; el 29 de octubre de 2021, 5 millones 718 pesos con 92 centavos.

Pablo Gómez explicó que “estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario, al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional, y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional, entre el año 2013 y el año 2022”.

En la ruta del dinero que trazó la UIF, destacan operaciones de depósitos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos, de 2013 a 2022, dinero del cual no se conoce su origen.

Fuente: Contralínea